Acción directa contra la aseguradora.  El Tribunal Supremo estima el recurso de casación promovido por la demandante y casa la sentencia de la Audiencia que desestimó la demanda, al considerar que hubo un error en el diagnóstico de una mielitis aguda transversal (confundida con un trastorno de ansiedad con clínica conversiva) y demora en la instauración del tratamiento. Considera que se privó a la paciente de la ocasión de mejorar sus expectativas de curación o las consecuencias asociadas a ésta, y determina que hay una pérdida de oportunidad de un 33%, lo convella a la condena de la aseguradora a abonar la cantidad de 297.000 euros, de los 900.000 euros reclamados, más los intereses del art. 20 LCS desde la reclamación a la aseguradora, desestimando la impugnación al recurso de apelación interpuesta por esa compañía.

Acción directa del art. 76 LCS formulada contra la aseguradora de la Administración sanitaria, tras haberse desestimado, por resolución administrativa firme, la reclamación de responsabilidad patrimonial dirigida contra la propia Administración. El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por la demandada, casa la sentencia recurrida y desestima la demanda, al considerar que la acción directa contra la aseguradora de la Administración exige no haber acudido previamente a la vía administrativa, pues si el perjudicado se somete voluntariamente a esta no puede posteriormente acudir a los tribunales civiles para obtener la revisión de actos administrativos.

Responsabilidad del distribuidor por haber puesto en circulación el producto defectuoso y no haber identificado oportunamente al fabricante. El Tribunal Supremo estima parcialmente los recursos interpuestos por la demandante, casa la sentencia recurrida en lo que concierne a la apreciación de que la demanda se interpuso extemporáneamente, al considerar que el momento relevante para el cómputo de los 10 años no es el de la puesta en circulación por la fabricante no demandada, sino el de la puesta en circulación por la distribuidora demandada. y devuelve las actuaciones a la Audiencia Provincial para que dicte nueva sentencia en la que se pronuncie sobre la responsabilidad de la demandada con arreglo al régimen de responsabilidad por productos defectuosos, o en su defecto, sobre la responsabilidad de la demandada conforme a las reglas de responsabilidad por culpa. Al supuesto de responsabilidad objetiva del distribuidor o proveedor deben añadirse aquellos en los que el daño causado por el producto sea imputable a una acción u omisión culposa propia del distribuidor.

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. Pérdida del cristalino tras impactar en el ojo de un cliente de un bar un fragmento del cristal de la puerta de entrada, roto al ser golpeado violenta e inopinadamente por otro cliente. El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación promovido por el actor contra la sentencia de la AP Álava que confirmó en apelación la desestimación de la demanda formulada contra el titular de un establecimiento de hostelería y su aseguradora en reclamación de una indemnización por los daños sufridos en el establecimiento, al considerar que no responde ex art. 1910 CC, por daños causados por cosas arrojadas o caídas, al tratarse de una actuación imprevisible del tercero que excede del posible control que el titular del negocio pudiera ejercer sobre él. Tampoco responde ex art. 1902 CC, por culpa,al no existir frelación de causalidad entre la acción u omisión del demandado, pues la rotura repentina y violenta por un tercero de la puerta de acceso al local no tiene relación con la naturaleza y desempeño normal del servicio prestado, y tal actuación no tuvo lugar en la esfera de control del empresario.

Indemnización a Renfe por la paralización del tráfico ferroviario a consecuencia del hundimiento de un túnel por la deficiente ejecución de una obra. El Tribunal Supremo desestima los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por las constructoras integradas en UTE, al considerar que existe relación de causalidad entre el hundimiento del túnel y los daños y perjuicios ocasionados por la paralización del tráfico ferroviario. Responsabilidad de las aseguradoras de las empresas constructoras integradas en una UTE. El acuerdo transaccional entre una de las constructoras y su aseguradora no tiene efectos liberatorios frente a Renfe (que no fue parte en la transacción). Seguros por capas o tramos. Condena a cada aseguradora a indemnizar hasta el límite de las distintas capas pactado como cobertura del seguro. Devengo de los intereses Intereses del art. 20 de la LCS, desde que se dictó por ADIF la resolución administrativa que dictaminó la responsabilidad de la UTE.

Reclamación de indemnización por un Ayuntamiento a la Empresa Municipal de Aguas como consecuencia de los daños ocasionados por la rotura de una tubería de agua, tras haberse desestimado la reclamación por responsabilidad patrimonial dirigida inicialmente frente a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Se desestima el recurso al entender prescrita la acción frente a la Empresa Municipal -sociedad mercantil local de capital público, y que se rige por el ordenamiento jurídico privado, esto es, por el artículo 1.902 del CC-, al no resultar de aplicación al caso, la previsión de responsabilidad solidaria entre las Administraciones Públicas del art. 140 de la Ley 30/1992.

Seguro de vida vinculado a préstamo hipotecario y designación de la entidad prestamista como primera beneficiaria por el capital pendiente. Legitimación activa de la esposa del asegurado fallecido para interesar el cumplimiento del contrato. Deber de declaración del riesgo: no incurre en dolo ni culpa grave el asegurado al que no se le formularon las preguntas del cuestionario, dado que este fue cumplimentado con las respuestas dadas por su esposa. Además, cuestionario excesivamente ambiguo, con preguntas casi ilegibles, y ausencia de antecedentes de salud significativos que el asegurado tuviera necesariamente que percibir como objetivamente influyentes para valorar el riesgo cubierto, pues antes de firmar la póliza solo había sufrido un episodio depresivo por el que recibió tratamiento farmacológico durante tres o cuatro semanas, sin diagnóstico. La liberación del asegurador se funda en el dolo o culpa grave del asegurado, no en la simple inexactitud de sus respuestas.

Responsabilidad civil del fabricante derivada de la explosión de una botella de cava que provocó la pérdida de un ojo por el titular de un bar. Aplicación del régimen de responsabilidad objetiva por productos defectuosos a los perjuicios derivados de las lesiones sufridas al considerarse que la Directiva 85/374, sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, no excluye la cobertura de los daños personales sufridos por quien usa el producto defectuoso en el marco de una actividad profesional o empresarial

Las lesiones sufridas por el ocupante de una motocicleta son indemnizables y no es un suceso encuadrable dentro de los “riesgos generales de la vida” ni de “fuerza mayor extraña a la conducción”. Del contenido de la Sentencia, cabe entender que la teoría de “los riesgos generales de la vida” no puede ser una causa de exoneración de responsabilidad de las lesiones de la ocupante lesionada, pues hay que estar al régimen de responsabilidad específico previsto en el Art. 1 de la LRCSCVM que no sólo exige “fuerza mayor” sino que además debe ser “extraña a la conducción”.

Seguro de vida. La condición de la edad límite de la cobertura es delimitadora del riesgo, diferenciación de condiciones limitativas y delimitadoras. Cuestionario de salud. Necesidad de declarar los riesgos conocidos por el asegurado determinantes de la concertación del contrato por la compañía.

Reclamación de indemnización por los daños causados por unas obras de excavación en una línea eléctrica enterrada. Se estima parcialmente el recurso interpuesto por las demandantes, al considerar que la interrupción de la prescripción llevada a efecto contra la constructora causante del daño -asegurada- produce eficacia con respecto a su aseguradora. En cambio, entiende la Sala, que la reclamación extrajudicial dirigida exclusivamente contra la compañía de seguros no interrumpe la prescripción de la acción del perjudicado contra el asegurado causante del daño

Contrato de seguro de asistencia sanitaria en viaje. La demora del reclamante en la comunicación del siniestro a la aseguradora no conlleva la pérdida del derecho a la indemnización, si el retraso inicial en la comunicación del siniestro estuvo justificado por la gravedad del estado de salud del asegurado, y respecto al retraso en la asistencia posterior (que no ocultación de información) no consta que causara perjuicios económicos a la aseguradora.

Accidente de aviación de Germanwings en fecha anterior a la entrada en vigor del nuevo baremo de accidentes. Reclamación de indemnización por los familiares de los fallecidos, resolviendose por el Tribunal Supremo la procedencia de la aplicación orientativa del baremo introducido por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, con un incremento del 50% sobre la indemnización resultante del mismo.

Seguro de vida vinculado a un préstamo concedido, suscrito por la hermana del asegurado en nombre de éste, que también cumplimentó el cuestionario de salud. Se estima que sólo incumbía al asegurado cumplir con el deber de declarar el riesgo que establece el art. 10 LCS, no pudiendo estar representado por su hermana en el acto de cumplimentar el cuestionario de salud, por su carácter personalísimo, lo que excluye el dolo del asegurado en la incorrecta declaración del riesgo.

Seguro de hogar. Cubre los daños causados por el hijo del asegurado tanto en el edificio como en los vehículos de su garaje. Concepto de «vida privada» e «intencionalidad» en el siniestro consistente en incendio originado al intentar sustraer la gasolina del automóvil de un vecino.

Seguro de responsabilidad civil. No cabe considerar perjudicado o víctima con derecho a indemnización a quien no ha sufrido los daños personales o materiales que define la propia póliza, por lo que ni la esposa ni la hija de la víctima, que no han sufrido daños de tal naturaleza causados por la actividad desarrollada en el riesgo asegurado, pueden integrar la condición de «perjudicados».

La cobertura del seguro de defensa jurídica que incluye reclamaciones por accidentes como peatón, es exigible en caso de fallecimiento por la viuda e hijos del asegurado, sin que a ello se pueda oponer que no sean los tomadores del seguro y que tampoco fueran designados como beneficiarios en la póliza. El límite de 3.000€ estipulado en las condiciones generales del seguro de defensa jurídica para el supuesto de libre elección de letrado, no vacía de contenido la libertad de elección de profesional por el asegurado.

Ocultación dolosa del asegurado e infracción del artículo 10 de la LCS, al no declarar en el cuestionario médico la patología ocular grave que sufría con anterioridad a la suscripción de la póliza, y que es causa de la invalidez declarada. El asegurado, al preguntarle sobre si había padecido o padecía en ese momento alguna enfermedad, que le hubiera obligado a estar bajo supervisión o tratamiento médico debió responder afirmativamente, pues «el seguimiento o control del paciente por un médico» es una forma de tratamiento médico.

Seguro de invalidez o incapacidad absoluta vinculado a contrato de préstamo hipotecario. Se fija como fecha del siniestro la del diagnóstico de la enfermedad en coordinación con los pronunciamientos de la Sala de lo Social de este Tribunal Supremo, que recoge como regla general que el siniestro se produce con el dictamen del equipo de valoración de incapacidades, pero con la excepción de poder retrotraerse al momento en que las secuelas resultan permanentes e irreversibles. Designación de beneficiarios en este tipo de seguros: orden y consecuencias.

Interpretación del artº 1 LRCSCVM, mas allá de la incertidumbre causal. La posibilidad de que el comportamiento de la víctima excluya la obligación de resarcir, en un sistema de responsabilidad objetiva por riesgo, requiere una especial consideración, siendo necesario que la víctima sea la culpable del accidente de forma exclusiva y excluyente de cualquier otra causa. No siendo suficiente la existencia de culpa en la víctima, e incluso que sea ésta la más influyente en el resultado acaecido, sino que ha de ser plena, absoluta y absorbente, de forma que por sí sola explique totalmente el siniestro acaecido.

Exclusión de cobertura de seguro que ampara la privación del permiso de conducir, por tratarse de un delito doloso por exceso de velocidad y concurrir la circunstancia prevista en el art. 19 LCS sobre exoneración del pago de la indemnización por mala fe del asegurado. No se trata de una limitación de los derechos del asegurado sometida a los requisitos de transparencia del art. 3 LCS, sino de un supuesto de inasegurabilidad del daño por mala fe del asegurado.

Se desestima la reclamación por daños personales causados en un accidente de circulación, al considerar no acreditado de modo concluyente que concurran los criterios de causalidad genérica de exclusión y de intensidad, consistente en la adecuación entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción, requeridos para la indemnización por traumatismos cervicales menores en el art. 135.1 del TR de la LRCSCVM.

Contrato de seguro de vida e invalidez. Inexistencia de contradicción entre las condiciones particulares y las generales. Al hablar la póliza de invalidez por cualquier causa se refiere a cualquier posible origen de dicha invalidez, mientras que cuando define la invalidez incapacitante se está refiriendo a un tipo concreto, esto es, la absoluta, dentro de las incapacidades posibles.

Seguro de vida con cobertura de invalidez permanente absoluta. Siniestro ya ocurrido cuando se celebró el contrato. Cuando el riesgo se ha materializado con anterioridad a la suscripción del contrato y ello era desconocido para la aseguradora constando, por el contrario, al asegurado, falta un elemento esencial del contrato, que lo hace nulo.

Responsabilidad civil médica y consentimiento informado en cirugía estética. Incide en la obligación de medios y no de resultados. Si bien es cierto que se exige un mayor rigor en la formación del consentimiento informado en los supuestos de medicina voluntaria que en la necesaria.

Acción subrogatoria de la comunidad de propietarios por los daños en elementos comunes del edificio debido al incendio originado en el local del demandado. Desestimación de la demanda al no ser la subrogación contra el propio asegurado que no ostenta la condición de tercero causante del daño.

Recurso frente a la resolución de la Administración de inadmitir por prescripción una reclamación por responsabilidad patrimonial derivada de una negligencia médica. Estimado el recurso en cuanto a la falta de extemporaneidad, el Juzgado debe analizar y pronunciarse sobre la acción indemnizatoria, en lugar de ordenar la retroacción de actuaciones a la fase administrativa para la emisión del dictamen del consejo consultivo.

Se desestima la demanda interpuesta frente a dos abogados en reclamación de 7.000.000 euros por negligencia profesional, al considerar que no se ha acreditado el daño por pérdida de oportunidad de la acción frustrada.

El procedimiento penal interrumpe el ejercicio de la acción civil, independientemente de quién fuese el denunciante o quién estuviese personado, debiendo notificarse su sobreseimiento a los perjudicados estén o no personados en las actuaciones

Responsabilidad civil del cazador. Régimen legal. Daños personales a acompañante de partida de caza menor de edad. Imputación objetiva. Contribución causal de la víctima a la producción del daño.

SEGURO. RIESGO DE INUNDACIÓN. Exclusión cuando la lluvia no excediese de 40 litros por metro cuadrado medido durante una hora consecutiva. Cláusula limitativa.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, declara que la aseguradora que hubiera abonado los daños del vehículo asegurado en virtud de la póliza suscrita, podrá ejercitar el derecho de subrogación del artículo 43 de la LCS frente al CCS, -al existir controversia sobre la existencia de seguro del vehículo responsable-, pues aquella ostenta en estos supuestos la condición de perjudicada a la que se refiere el  artícuo 11.1d) del TRLRCSCVM.

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. Accidente de circulación. Reclamación indemnizatoria por lesiones y daños. Imposición a la aseguradora de los intereses previstos en el art. 20 LCS. No concurre causa justificada para no considerarla incursa en mora. Hubo reclamación y ofrecimiento de pago, pero no consta pago ni consignación alguna dentro de los tres meses desde el conocimiento del siniestro.

Determina que el límite de 600€ en las pólizas de defensa jurídica es lesivo, aún cuando las condiciones particulares donde se fija estén firmadas, pues una cuantía tan reducida hace ilusoria la facultad atribuida de libre elección de los profesionales y equivale en la práctica a vaciar de contenido la propia cobertura que dice ofrecer la póliza.

Responsabilidad civil por circulación de vehículos a motor. Interpretación del Convenio de La Haya sobre ley aplicable en accidentes de circulación: accidente en Marruecos de un vehículo matriculado en España. Perjudicados con distinto país de residencia.

Baremo de valoración de daños personales. Carácter orientativo para cuantificar indemnizaciones en delitos dolosos, sin perjuicio de un correctivo al alza asociado al carácter intencional del daño. Indemnización por intervención quirúrgica.

Seguro de transporte terrestre. Cláusula sobre robo de mercancía. Calificación como limitativa y no como delimitadora del riesgo.

Responsabilidad civil en la circulación de vehículos de motor. El periodo de incapacidad temporal para el trabajo debe ser considerado día impeditivo en aplicación del baremo de la Ley 30/95. Este criterio interpretativo puede resultar fácilmente extrapolable al actual art. 138.5 de la LRCSCVM.

Distinción entre imprudencia grave y menos grave utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor. No es posible un prontuario o un vademécum completo: será el juzgador el llamado a valorar en cada supuesto, sin perder de vista ese parámetro legal orientativo (infracción administrativa grave) del que no puede prescindir, y que le obliga prima facie a explicar por qué pese a constatar una infracción grave descarta la calificación como imprudencia menos grave.

Responsabilidad extracontractual. Límites al deber de resarcimiento del causante. Valoración del vehículo en caso de siniestro total. Reparación superior al precio de un vehículo de segunda mano similar. Gastos de alquiler de otro vehículo de sustitución

Límites cuantitativos de los gastos de dirección jurídica en los seguros de responsabilidad civil, en supuestos de libre designación de abogado por conflicto de intereses con la compañía aseguradora. En principio, es una cláusula delimitadora del riesgo, pero puede ser limitativa si el límite es notoriamente insuficiente en relación con la suma asegurada.

Responsabilidad civil extracontractual. Prescripción de la acción. El plazo de prescripción no empieza a contarse hasta que no se conozca la identidad de aquellos frente a los que se dirige, aunque el perjudicado conozca la cuantía del daño causado.

Contrato de seguro de incapacidad permanente. Se considera como cláusula limitativa de los derechos del asegurado, la que, si bien define lo que se entiende por invalidez permanente absoluta introduce un requisito cual es exigir su naturaleza irreversible.

Responsabilidad civil extracontractual. Seguro obligatorio de viajeros en transporte ferroviario. Se obliga a Renfe a indemnizar con cerca de 20.000 euros a una pasajera de un tren AVE Sevilla-Valencia, que sufrió lesiones al caerle una maleta en la cabeza, al encontrarse esta mal colocada. Corresponde a Renfe una obligación «in vigilando» sobre la colocación de los equipajes en lugares adecuados y sin riesgo para los demás usuarios.

Derecho a una prestación ortoprotésica de última generación  y no la meramente convencional  tras accidente de trabajo. Mientras el ordenamiento no lo excluya de forma clara, sigue rigiendo el principio de reparación íntegra de las secuelas. El contenido de la asistencia sanitaria queda “sujeto a las posibilidades razonables, pero sin las restricciones del catálogo de prestaciones sanitarias en contingencia común”.  Concordancia con Convenio de la OIT nº 17 y previsiones de la LGSS en materia de asistencia sanitaria. Mantiene y renueva doctrina tradicional recogida por SSTS de 2 abril 2010 y 24 enero 2012.

Interpretación del art. 1 de la LRCSCVM para los casos de daños materiales por colisión recíproca sin determinación del grado o porcentaje de culpa de cada conductor. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo opta por la indemnización recíproca al 50% de los daños materiales cuando no se pueda probar el culpable en un accidente de tráfico, completando la doctrina fijada por la sentencia 536/2012, de 10 de septiembre, por la que se acordó procedente la indemnización al 100% de los daños personales recíprocos cuando no se pudiera acreditar la responsabilidad en un accidente de tráfico.

El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como sobre el control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «circulación de vehículos» a que se refiere dicha disposición comprende una situación en la que el pasajero de un vehículo estacionado en un aparcamiento, al abrir la puerta de ese vehículo, golpea y daña el vehículo que se halla estacionado a su lado.

Accidente de circulación con daños por atropello de especie cinegética. El Tribunal Constitucional abre una nueva vía – además de los supuestos tasados en la Ley – para que el conductor reclame frente al titular del coto o frente a la Administración, según el caso, cuando quede acreditado que no conducía negligentemente.

Obligación de asegurar el vehículo apto para circular, mientras no se dé de baja ante la autoridad competente, aunque el propietario decida no usarlo y mantenerlo estacionado en un lugar privado

El Pleno de la Sala Primera del TS estima el recurso de los perjudicados por un siniestro que tuvo lugar en Tarragona en el año 2005, debido a una acumulación de gas en una vivienda, que causó el fallecimiento de cinco personas -cuatro de la misma familia-, lesiones a un viandante y daños materiales en tres vehículos. Tanto la sentencia de primera instancia como la dictada por la Audiencia de Tarragona habían estimado parcialmente las demandas, exonerando a Gas Natural y a su aseguradora, porque no se había acreditado ni que la fuga de gas se debiera a un defecto de instalación que la compañía hubiera debido detectar ni que, de haberse realizado la revisión reglamentariamente prevista, la explosión no se hubiese producido.

Sin embargo, el Supremo estima que la conclusión de la sentencia recurrida en el sentido de que «no ha quedado tampoco demostrado que de haberse realizado la revisión reglamentariamente prevista la explosión no se hubiese producido», contradice el principio de la carga probatoria, trasladándola a quien carece de medios para probar lo contrario, además de no tener en cuenta el principio de responsabilidad por riesgo, el cual, si bien no es de carácter plenamente objetivo -salvo los casos en que así venga establecido por ley-, produce precisamente el efecto de obligar a quien presta el servicio generador del riesgo a acreditar el verdadero origen del siniestro. Por tanto, estima íntegramente la demanda interpuesta por los perjudicados.

Seguro de responsabilidad civil. El artículo 73 de la Ley de Contrato de Seguro, en su párrafo segundo, regula dos tipos de cláusulas “claim made” sobre el ámbito temporal del seguro de responsabilidad civil, que se caracterizan por atender al momento de reclamación del perjudicado para determinar el ámbito de cobertura temporal de la póliza. Cada uno de estos tipos de cláusulas tiene sus propios requisitos de cobertura temporal, no siendo exigible que estos sean cumulativos, de modo que para la validez de las cláusulas de futuro no es exigible, además, la cobertura retrospectiva, ni para la validez de las retrospectivas o de pasado es exigible, además, que cubran reclamaciones posteriores a la vigencia del seguro.

Valoración de lesiones conforme al nuevo Baremo de Tráfico. Aplicación de la Guía de Buenas Prácticas, como si de una norma a seguir se tratara, para determinar si la oferta motivada cumple los requisitos necesarios para evitar los intereses del art. 20 LCS. Aplicación del nuevo art. 138 de la LRCSCVM para entender acreditada la pérdida de calidad de vida temporal y por tanto el derecho a indemnización por los días que supusieron un perjuicio particular moderado.

Prueba pericial médica de la aseguradora en procedimientos judiciales por lesiones en accidentes de tráfico. La facultad de la aseguradora de solicitar en el procedimiento la prueba pericial, que no se solicitó en el trámite prejudicial, abocaría al retorno a la situación preexistente a la reforma operada por la ley 35/15 provocando un desequilibrio entre la posición de ambas parte, contrario al nivel recíproco de colaboración que contempla el artículo 37 de la LRCSCVM, lo que impide la posibilidad de admisión en el procedimiento de aquellos medios de defensa que la aseguradora omitió en el momento legalmente previsto al efecto, por lo que decae la alegación de indefensión por parte de la compañía.

Desestimación de la acción de reclamación de daños por un balonazo a una espectadora. Aplicación de la doctrina de la asunción del riesgo, pues la naturaleza del riesgo, las circunstancias personales, de lugar y tiempo concurrentes, y la diligencia socialmente adecuada en relación con el sector de la vida o del tráfico en que se produce el acontecimiento dañoso, serán elementos a tener en cuenta, al analizar las consecuencias que resultan por la falta de redes en los fondos de la portería, y es que, además de tratarse de una situación conocida por los espectadores, su colocación en el campo no se hace en interés de estos, puesto que dificultará la visión, sino atendiendo a potenciales criterios de orden público que prevalecen sobre el de los espectadores.

Estimación de la cuestión de inconstitucionalidad planteada frente a la normativa sobre arbitraje de la Ley del Contrato de Seguro, declarándose inconstitucional y nulo el art. 76. e) de la Ley 50/1980 . Contiene tres votos particulares.

Declara que existe una contradicción entre lo dispuesto en el citado Artículo 3 de la Directiva 2009/103 y nuestro derecho español, por cuanto en virtud de esta última se permite excluir de la cobertura del seguro obligatorio los daños producidos con ocasión de la circulación de vehículos automóviles por vías y terrenos que no son “aptos para la circulación”, salvo aquellos que sin tener tal aptitud, sean no obstante de uso común. En este sentido la Sentencia considera que esta oposición a la Directiva Comunitaria conlleva considerar que la normativa nacional al limitar la cobertura del seguro obligatorio en función de las características de la naturaleza del terreno donde se utiliza el automóvil, está limitando en tales casos el alcance y la protección a las víctimas que como objetivo principal tiene este seguro obligatorio.

El TJUE sienta el siguiente criterio: «El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como sobre el control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, debe interpretarse en el sentido de que no está comprendida en el concepto de «circulación de vehículos», a que se refiere dicha disposición, una situación en la que un tractor agrícola que ha intervenido en un accidente tiene por función principal, en el momento de producirse éste, no su uso como medio de transporte, sino la generación, como maquinaria de trabajo, de la fuerza motriz necesaria para accionar la bomba de una pulverizadora de herbicida».

Aplicación del nuevo Baremo de la Ley 35/2015 en lesiones menores. Condena a la aseguradora a abonar la cantidad de 3.905,59 euros como indemnización por lesiones temporales (28 días de Perjuicio Personal Básico y 28 días de Perjuicio Personal Particular) y la secuela de algias postraumáticas cronificadas y permanentes y/o síndrome cervical asociado y/o agravación de artrosis previa (valorada en dos puntos), más interés moratorios y costas. La sala analiza el valor que debe darse a los informes de biomecánica, la estimación del perjuicio de calidad de vida temporal (por actividades deportivas) y la aplicación del artículo 135 de la LRCSCVM en relación a la secuela por traumatismo cervical menor.

Estima parcialmente la reclamación formulada por la caída en portal de Comunidad de Propietarios que carece de la iluminación suficiente por encontrarse fundidas las bombillas. Atribuye el 70% de la responsabilidad a la Comunidad de Propietarios así como a su aseguradora y el 30% a la persona que se cayó.

Aplicación del nuevo Baremo de la Ley 35/2015 en lesiones menores. Condena a la aseguradora a abonar la cantidad de 4.122,32 euros, por 75 días de lesiones temporales, de los cuales 7 lo fueron de perjuicio moderado y 68 de perjuicio básico, además de una secuela consistente en algias cervicales. Estimación íntegra de la demanda por dichos conceptos, al igual que lo reclamado por perjuicio patrimonial consistente en gastos por honorarios médicos (250 euros) y por fisioterapia (650 euros), revocando la sentencia de instancia que indemnizaba en solo 1.040 euros.

Seguro de responsabilidad civil. Ejercicio por entidad aseguradora de daños de la acción subrogatoria prevista en el artículo 43 lcs contra el responsable. Incendio de un colchón en una vivienda, que se propaga causando daños a los vecinos.La reclamación extrajudicial hecha a la aseguradora no interrumpe la prescripción respecto del responsable.

Cuestión Prejudicial. Las Directivas comunitarias en materia de seguro de responsabilidad civil se oponen a una normativa nacional que excluye de la cobertura los daños corporales y materiales sufridos por un peatón víctima de un accidente de circulación exclusivamente por ser dicho peatón el tomador del seguro y el propietario del vehículo que causó tales daños.

Se estima parcialmente en la cantidad de 12.000 euros la demanda en reclamación de la cantidad de 195.098,72 derivada de negligencia profesional de abogado por presentación de demanda fuera de plazo que supuso su desestimación por caducidad de la acción. Se estima el recurso por infracción procesal interpuesto por el perjudicado, al considerar que la cuantía se había fijado a tanto alzado, lo que supone una falta de motivación de la sentencia de segunda instancia

Reclamación por daños materiales trascurrido el año desde que se produjo el siniestro. El proceso penal en el que estuvo implicado el reclamante como denunciado –derivado del mismo siniestro- también interrumpe el inicio del cómputo en virtud de lo dispuesto en los art. 111 y 114 de la LECr, aunque no ejercitada ninguna acción en dicho proceso.

Competencia de la jurisdicción civil para conocer del litigio derivado del incumplimiento por la aseguradora de la obligación que surge del contrato de seguro concertado entre esta y la administración local. Doctrina de los actos separables.

Contrato de seguro de decesos. Reclamación por parte de la Funeraria a quien los herederos habían cedido el crédito objeto del seguro, en concepto de gastos e intereses del artículo 20 de la LCS devengados por dichas cantidades. Procedencia de la aplicación del recargo por demora del artículo 20 LCS, aunque el demandante no se trate del asegurado. Doctrina jurisprudencial aplicable.

Accidente laboral. Se desestima la demanda frente a la aseguradora con la que tenía suscrito la empresa seguro de RC, al considerar que la cláusula de ámbito temporal que limita la cobertura a los siniestros ocurridos durante la vigencia del contrato, cuya reclamación se notificase fehacientemente durante la vigencia de la póliza o hasta un año después de su finalización debe ser considerada delimitadora del riesgo.

Reclamación de la tomadora-asegurada contra su aseguradora de la indemnización por invalidez permanente absoluta por importe de 171.938,45 euros, cubierta por un seguro de vida e incapacidad vinculado a un préstamo hipotecario. Se considera que la reclamante tiene legitimación activa, sin perjuicio de que la beneficiaria sea la entidad bancaria, así como se considera que no ha existido ocultación en la declaración del riesgo.

Acción de repetición de ENDESA por la cantidad de 49.410.778 euros y acción de subrogación de su aseguradora por la cantidad de 15.822.236,72 euros, ambas frente a RED ELECTRICA ESPAÑOLA, en concepto de los daños abonados a los perjudicados de un incendio. Se condena a abonar el 50% de las referidas cantidades al apreciar la existencia de concurrencia de culpas. Aplicación de la doctrina sobre la causalidad adecuada y de la imputación objetiva, prescindiendo del criterio de la prohibición de regreso.

Se desestima la reclamación de la indemnización correspondiente a unos daños extraordinarios reclamados por el asegurado de una póliza de seguro con cobertura contra todo riesgo, que incluía el riesgo de «elementos naturales», y afectada por el recargo obligatorio a favor del Consorcio de Compensación de Seguros, al haberse producido el pago de la prima sucesiva cuatro meses después del vencimiento y con posterioridad al siniestro, y ello, a pesar de que en años anteriores se habían aceptados retrasos en el pago de la prima por un periodo similar o superior al presente.

Condena al facultativo y a su aseguradora a abonar 428.780,66 euros al paciente, tras los daños sufridos como consecuencia de utilizar la técnica quirúrgica inadecuada. Se estima por el Tribunal Supremo que la relación entre paciente y médico es contractual, ya que esta derivaba de un seguro suscrito por aquel con “La Estrella” cuyo objeto era el reembolso de los gastos asistenciales, teniendo por tanto el asegurado la libertad para seleccionar al facultativo.

Reclamación de aseguradora contra el Consorcio de Compensación de Seguros por los gastos de asistencia sanitaria generados y pagados a su asegurado, con posterioridad a la fecha de estabilización de las lesiones. Se desestima al considerar que resulta aplicable el régimen introducido por la Ley 21/2007, de 11 de julio, aplicable al momento del siniestro