VALORACIÓN
DE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR EL LESIONADO QUE FALLECE ANTES O DESPUÉS DE SER DADO
DE ALTA (El resarcimiento de las incapacidades temporales y permanentes en el
supuesto del fallecimiento prematuro del perjudicado).-
PLANTEAMIENTO
DEL TEMA.- Es objeto de esta ponencia el determinar en que medida el
fallecimiento del perjudicado por causa del mismo accidente o por causas ajenas
a él, influye de alguna manera en el resarcimiento de los daños corporales
sufridos por el fallecido, al margen de los problemas de legitimación que se
puedan plantear en cada caso.
La cuestión no es baladí pues en
realidad se trata de determinar si el derecho a la indemnización fijada en el
baremo vinculante se extingue o no, en todo o en parte por el fallecimiento de la víctima de un
accidente que, en principio, solo produce una incapacidad temporal seguida o no
de lesiones permanentes.
Para centrar el debate quizás sea
conveniente contemplar varios supuestos, en función del momento cronológico en
que se produce el fallecimiento prematuro y que son los siguientes:
Supuesto 1º.- Fallecimiento del
perjudicado, por causa o no del mismo accidente, aun en curación de las
lesiones producidas en el accidente y sin que aun se haya determinado si le
quedarán o no secuelas.
Supuesto 2º.- Fallecimiento del
perjudicado, por causa o no del accidente,
cuando ya se ha establecido la sanidad y las secuelas, pero antes de
celebrarse el Juicio en el que su indemnización se reclama.
Supuesto 3º.- Fallecimiento del
perjudicado, por causa o no del accidente,
cuando ya se ha establecido la sanidad y las secuelas, pero después de
celebrarse el Juicio en el que su indemnización se reclamó, pero antes de
dictarse sentencia.
Supuesto 4º.- Fallecimiento del
perjudicado, por causa o no del accidente,
cuando ya se ha establecido la sanidad y las secuelas, después de
dictarse sentencia en la que se declara el derecho a la indemnización por ambos
conceptos.
Supuesto 5º.- Fallecimiento del
perjudicado, por causa o no del accidente,
cuando ya se ha establecido la sanidad y las secuelas, después de
ejecutarse la sentencia en la que se declara el derecho a la indemnización por
ambos conceptos
De los supuestos que pueda plantear
la situación objeto de estudio, quizás la que plantea menos problemas
jurídicos, respondiendo de forma intuitiva, sea el supuesto del fallecimiento
prematuro del lesionado durante el periodo de curación de las lesiones, por
causas ajenas al accidente o no.
Efectivamente en este caso en el que
el lesionado que fallece se hallaba en periodo de curación, sin haberse
determinado aún las secuelas, se nos antoja que obviamente habrá generado y
consolidado el derecho a ser indemnizado por los días de incapacidad temporal
que hubiesen mediado entre la fecha del accidente y el del fallecimiento,
indemnización que tendrán derecho a reclamar quienes fuesen sus herederos, sin
que, por otra parte, respondiendo de manera intuitiva a la cuestión, pueda
transmitir a sus herederos otros derechos sobre unas posibles secuelas que aun
no se habían determinado, pues el derecho a la indemnización por el
fallecimiento, si es que este fuera consecuencia del accidente, corresponderá a
las personas mencionadas en la Tabla I, sean o no herederos del fallecido.
Claro que esta respuesta intuitiva
en relación al derecho a reclamar la indemnización por incapacidad temporal y
unas, aun no determinadas, secuelas, pero de previsible concurrencia al final
de un periodo de curación que nunca llegará, no resulta tan fácil como la hemos
realizado, pues habrá ocasiones en las que las secuelas o algunas de ellas, ya
estarán acreditadas desde el primer día. Efectivamente en el caso de pérdidas
anatómicas ocasionadas en el accidente, resulta claro que la secuela, aun
cuando el proceso de curación aun no haya terminado, está perfectamente
determinada y, por ello, durante el tiempo de curación, a veces largo, el
lesionado habrá ya padecido las consecuencias de su secuela aun cuando el
proceso de curación no haya acabado.
En este caso cabrá preguntarse si aquella
respuesta intuitiva debe mantenerse o no.
Pongamos un ejemplo: En un accidente
el lesionado sufre la amputación traumática del brazo a nivel del hombro y a
partir del momento de sufrir la lesión inicia el largo proceso de curación que,
por dificultades de cicatrización del muñón se dilata durante mucho tiempo,
pongamos durante dos años, transcurridos los cuales y antes de alcanzar la
sanidad el lesionado fallece, en este caso por causas ajenas al accidente.
La incógnita a resolver será
determinar cual es la indemnización que podrán reclamar los herederos del
fallecido. ¿Podrán reclamar los días de incapacidad temporal hasta la fecha de
su fallecimiento? ¿Podrán reclamar alguna indemnización por la amputación del
brazo, aun cuando el proceso de curación no hubiera acabado?
La primera pregunta a nuestro juicio
tendría, en principio, fácil respuesta; a nuestro entender el lesionado había
generado el derecho a ser indemnizado durante los días en que estuvo
incapacitado y, por tanto tal derecho ya estaba incorporado a su patrimonio y
por tanto sería transmisible según las reglas de la herencia. Como
contrapartida los herederos no podrían reclamar la indemnización por los
previsibles días que aun le quedaban de curación, que no pudo vivir por su
fallecimiento prematuro, por cuanto el concepto indemnizatorio de la
incapacidad temporal tiene por objeto compensar el daño moral, biológico y
patrimonial que al lesionado le produce la propia lesión mientras cura y la
imposibilidad de dedicarse a las habituales ocupaciones, sean laborales o no,
daños que jamás sufrirá el lesionado a partir de su fallecimiento, pues no en
vano el artículo 32 del Código Civil determina que la personalidad civil se
extingue con la muerte de la persona y, por ello, ocurrido el fallecimiento la
persona deja de ser capaz de adquirir derechos y obligaciones.
Y la secuela, ¿podrán sus herederos
reclamarla?
Para imaginar una respuesta, mas
intuitiva que racional, podríamos considerar que los días de incapacidad
temporal se pagan igual tanto si la lesión es gravísima como si se trata de una
tontería (corte en dedo meñique), por tanto, durante los dos años en que tuvo
amputado el brazo la secuela le produjo perjuicios en si mismos, independientes
del proceso de curación, por lo que uno podría pensar en que algo podrían
reclamar los herederos del prematuro fallecido por la secuela que estaba bien
definida desde el día del accidente.
De todas formas podríamos ir
elucubrando a través de los distintos supuestos que pueden plantearse en la práctica
y la intuición, mas que el derecho, nos ira dando respuestas, algunas
totalmente contradictorias, sobre si el derecho a la indemnización derivada de
un accidente de circulación es o no transmisible por herencia. Así la
casuística puede ser variada y para empezar podríamos plantear el supuesto, que
no debe ser infrecuente, del fallecimiento prematuro de un gran inválido que ya
haya cobrado su indemnización.
Así uno se puede preguntar por el
supuesto de que después de ejecutada una sentencia en la que se hubiera
reconocido una indemnización a un gran inválido a consecuencia del accidente,
en la que, a parte de los días de incapacidad temporal se hubiera indemnizado
al perjudicado por sus lesiones permanentes, incluyendo la indemnización los
factores de corrección establecidos en la tabla IV, algunos de ellos destinados
a compensar los perjuicios futuros del perjudicado, éste fallece por causas
ajenas al accidente al poco tiempo de percibir la indemnización.
La pregunta obvia en este caso sería
si el dinero correspondiente a la indemnización pertenece a sus herederos o la
Compañía aseguradora tiene alguna acción contra éstos para recuperar todo o
parte de la indemnización destinada a compensar unos futuros perjuicios que
jamás llegarán a producirse como consecuencia de la prematura muerte del
destinatario de la indemnización.
Estamos seguros que al respecto
habrá opiniones a favor y en contra de cada postura, pues quienes se pronuncien
a favor del derecho hereditario apelarán al artículo 659 del Código Civil
mientras que quienes se pronuncien en contra de éstos probablemente tomaran en
consideración el apartado primero 9 del Anexo y
quizás alegarán la doctrina del enriquecimiento sin causa y el artículo 10.9
del Código Civil.
Y partiendo de tal supuesto de hecho
podríamos ir retrocediendo en el tiempo para plantear la cuestión en otros
términos como el mismo supuesto con sentencia firme no ejecutada o sin haber
llegado a sentencia pero determinadas ya las secuelas por haber sido dado de
alta el lesionado o con lesiones permanentes sin aun determinar por no haber
llegado el alta médica.
En todos estos casos la pregunta o
interrogante sería si los herederos tienen algún derecho a la indemnización por
la incapacidad temporal del perjudicado o por la indemnización básica y
factores de corrección de unas secuelas determinadas en unos casos y aún por
determinar en otros.
LA
RESPUESTA JURISPRUDENCIAL.- Como hacía muchísimos años que los pleitos
derivados de un accidente de circulación no tenían acceso al Tribunal Supremo
hasta que entró en vigor la Ley de Enjuiciamiento Civil hoy vigente por la que
los pleitos de cuantía superior a los 150.000 € si tienen acceso a la casación,
pero sin tiempo material de que alguno de ellos haya sido resuelto debido al
retraso que acumula la Sala 1ª. del Tribunal Supremo (mínimo de cuatro años
desde la interposición del recurso), no hemos encontrado sentencia alguna que
pueda dar alguna luz al tema que nos ocupa.
Sin embargo si hemos encontrado
algunas sentencias de distintas Audiencias Provinciales en las que, entre
otros, se debatía el problema de determinar si la indemnización que
correspondía a un perjudicado fallecido podía o no ser reclamada por sus
herederos.
Así tenemos las Sentencia de la
Audiencia Provincial de Palencia de 29 de Junio de 1.999 en la
que se dice que:
“Aunque
luego se estudiará el por qué de la toma en consideración como herederos de D.
José Luis y D.ª María Josefa I. V. a efectos de sustituir la indemnización
concedida en favor de herederos inciertos, en favor de los antes relatados en
su calidad de herederos ciertos y demostrados, debe estudiarse también el motivo de recurso que se ha articulado
considerando que el daño indemnizable en el presente caso es un daño moral cuya
reparación no puede ser objeto de sucesión.
Alega la parte
recurrente que nos encontramos ante un hecho que afecta de forma directa a la
persona que lo sufre en sus sufrimientos más íntimos, y si bien es cierto, ello no quiere decir que una vez producido
el daño moral en una persona y nacida la acción para exigir su reparación no
pueda producirse la sucesión en la misma. En el presente caso el daño moral que se produce a D. Francisco I. C.
por el fallecimiento de su hijo es connatural a este último hecho y se produce
de manera inmediata en sus fundamentales consecuencias y precisamente por ello
nacido que fue el derecho a obtener su resarcimiento, tal derecho forma parte
de la herencia, y por ello están legitimados los herederos para su reclamación.
No se trata de que nos encontremos ante un daño que afectando a lo íntimo de la
persona sea previsible que acaezca y que aún no se haya producido, pues en este
caso, falleciendo el potencial dañado, el daño moral no se llega a producir;
sino que nos encontramos ante un daño moral
producido y por tanto indemnizable que entra dentro de la herencia transmisible
conforme a lo establecido en el art. 659 CC. El art. 651 y el 657 CC acogen
la regla de que en la sucesión a título universal se opera la transmisión al
heredero del complejo de relaciones jurídicas del causante, salvo los derechos
y obligaciones que se extingan por la muerte del mismo, lo que no es el caso.
Se podría objetar a lo
anterior que el daño moral es un daño sostenido en el tiempo que se produce en
el momento del fallecimiento, pero también progresivamente, en un caso como el
presente, pero ello no es motivo suficiente para la estimación del recurso en
este punto, puesto que aún siendo ello cierto debe considerarse que teniendo en
cuenta la fecha del fallecimiento de D. Francisco I. C. y de su hijo D.
Francisco I. V. se entiende como enteramente producido el mismo y por tanto ni
siquiera cabe considerar una reducción de la cantidad que podría corresponderle
a D. Francisco I. C. y en sustitución de él a sus herederos, en relación con la
que se concedió a D.ª Hipólita V. M.”
Vemos que en este caso no se trata
de la indemnización por el fallecimiento prematuro de un lesionado sino que el
supuesto que debate la sentencia es si la indemnización por el fallecimiento de
un hijo a consecuencia de un accidente ocurrido en una mina era o no
transmisible a los herederos de su padre fallecido después de interpuesta la
demanda. No obstante no ser exactamente el mismo supuesto que hoy es objeto de
estudio, lo cierto es que, según la sentencia, el daño moral, una vez producido
y generado el derecho a la indemnización entra dentro de los derechos que
forman parte de la herencia.
De seguir el criterio de la
sentencia transcrita podríamos considerar que en todos los supuestos que al
principio planteábamos como posibles, los herederos del perjudicado fallecido
tendrían derecho a la indemnización a que este hubiera tenido derecho de haber
vivido.
Sin embargo el panorama se obscurece
si se sigue el criterio de otra sentencia, ésta dictada por la Sección 3ª. de
la Audiencia Provincial de Castellón con fecha 21 de Junio de 2002, en
la que se hace al respecto el siguiente planteamiento:
“Por lo que respecta al resto de solicitudes
de indemnización, y referidas a las lesiones sufridas, vemos que se reclaman
dos diferentes, una de 4.207.000 Ptas. por los 601 días de baja, y otra de tres
millones por daño moral y sufrimiento físico que padeció el Sr. G. durante los
601 días de incapacidad.
Respecto a esta
pretensión deberemos precisar que lo primero que se observa es la diversidad de
conceptos, en base a la cual se articula, lo que no es habitual en las
indemnizaciones solicitadas por lesiones que incapacitan, ya que lo normal es
que la indemnización que el propio lesionado solicita comprenda ambos
conceptos. Ello no obstante al efectuarse la reclamación no por el perjudicado,
sino por los actores y por los conceptos indicados debe entenderse que se
ejercita no como perjudicados por las lesiones, sino como herederos del
fallecido, y en cuanto se trataba de un derecho que al mismo venía atribuido.
En este sentido se
plantea la controversia de si en la indemnización fijada por los días de baja
ha de incluirse en beneficio de los actores como herederos de la víctima, la
denominada «pecunia doloris» o sufrimiento por las lesiones, distinción sutil
pero real en cuanto que las lesiones pueden perfectamente provocar unos
perjuicios directos por la incapacidad y la imposibilidad por ejemplo de
obtener los beneficios habituales por el ejercicio de una profesión o
prestación de trabajo, y por otro un sufrimiento o daño moral parejo, provocado
por la incapacidad de desarrollar la vida habitual, teniendo que dejar de
disfrutar de otras actividades personales y humanas que no reportan concretos beneficios
económicos.
Puede decirse que
aunque, en principio, y dada la declaración contenida en el art. 659 CC, el
caudal relicto del difunto, estará integrado por todas las relaciones jurídicas
transmisibles que correspondían al mismo, tanto activa como pasivamente, no
puede olvidarse que a modo de declaración general, la Jurisprudencia, de la que
es ejemplo la S.T.S. de fecha 11 Oct. 1943, viene afirmando que
están exceptuados de la transmisión por causa de muerte, los derechos
personalísimos, o sea aquellos ligados de tal suerte a determinadas personas,
que tienen su razón de ser preponderante y a veces exclusiva en elementos o
circunstancias que solo se dan en el titular, y así como existen derechos personalísimos transmisibles, como el
derecho de autor, derecho de patente o la acción de calumnia o injuria, existen
otros cuya intransmisibilidad a título de herencia es evidente precisamente por
su carácter personalísimo, y entre ellos han de entenderse los derivados de la
patrimonialización del daño moral sufrido por el lesionado a causa del dolor
físico que experimenta hasta el momento de su curación, sin que tal
intransmisibilidad se vea afectada por el hecho de que dicho daño moral se
indemnice pecuniariamente, cuando es el propio lesionado que padece dicho
sufrimiento el que lo reclama. Se trata de un derecho personalísimo que se
atribuye al que sufre el dolor físico que solo él padece, y que en nada afecta
al resto de su familia, a quien sin embargo sí puede en ocasiones afectar
también las ganancias dejadas de obtener durante la baja por las lesiones e
imposibilidad de llevar a cabo su trabajo del que obtenía unos ingresos de los
que dependían económicamente, y que puede haberles provocado a los mismos
concretos perjuicios.
Ello conlleva que la indemnización por daños morales sufrida por el Sr.
G., solo a él incumbía y no puede por tanto ser reclamada por sus herederos en
tal concepto.”
A pesar de ello sigue diciendo la
sentencia “Ciñéndonos pues a la indemnización por días de incapacidad, que si puede
ser reclamada por los herederos del lesionado..........”.
Resulta curiosa la sentencia en
cuanto establece la indemnización reclamable por los herederos del lesionado
fallecido prematuramente, aunque contaba con 83 años de edad, pues, después de
afirmar que la indemnización por daños morales solo al lesionado incumbía y no
puede ser reclamada por sus herederos, reconoce luego el derecho a reclamar el
día de incapacidad como si tal concepto fuera algo distinto del daño moral,
sobre todo teniendo en cuenta que el lesionado a sus 83 años poco debía
trabajar para que el día de incapacidad le supusiera un daño patrimonial
efectivo distinto del daño moral que la propia incapacidad temporal le había
producido.
A la vista de esta respuesta a la
pregunta sobre si el daño moral o su indemnización es o no transmisible a los
herederos, podemos imaginar que en el supuesto de la sentencia de la Audiencia
Provincial de Palencia si el fallecido padre del hijo víctima de un accidente
hubiese residido en Castellón, sus herederos, probablemente no hubieran cobrado
un duro, por que en Palencia parece que el daño moral o mejor dicho, su
indemnización, es transmisible por herencia, en cambio en Castellón no.
Para encontrar algunas
contradicciones más en la Jurisprudencia de las Audiencias vamos a comparar dos
sentencias, una dictada por la Sección 1ª. de la Audiencia Provincial de León
el día 19 de Octubre de 2000 y otra dictada por la Sección 2ª de la Audiencia
Provincial de Baleares el día 30 de noviembre de 2000, escasamente un mes
después de la primera.
En ambas se debatía el derecho de
los herederos de una persona fallecida para reclamar las indemnizaciones a que
esta hubiera tenido derecho de haber vivido por la muerte accidental de un ser
querido. En la primera se trataba el hecho de un accidente de tráfico que tuvo
como consecuencia el fallecimiento casi inmediato de una mujer y lesiones
gravísimas en su esposo de las que falleció al cabo de diez días. En este caso,
ante la inexistencia de hijos de la pareja, los padres del marido fallecido
diez días después que su esposa, reclamaron para si la indemnización que la
Tabla IV ofrecía al cónyuge del supuesto previsto en la Tabla de víctima con cónyuge.
En la sentencia de Baleares el hecho
en cuestión se trataba de un atropello de un peatón, accidente que provocó su
muerte, dejando como principal perjudicada a su esposa que falleció
posteriormente sin haber ejercitado acción alguna que si ejercitaron sus hijas.
Pues bien la sentencia de León negó
a los padres del joven fallecido legitimación alguna para reclamar la
indemnización que a éste le hubiera correspondido, de haber vivido, por la
muerte de su esposa con los siguientes argumentos contenidos en uno de los
fundamentos de derecho de la sentencia:
“Como segundo motivo se alega infracción del
art. 113 y 116 del Código Penal y art. 1.2 de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro en la Circulación Vehículos a Motor, interesando se conceda a
ellos la indemnización correspondiente por el fallecimiento de la esposa de su
hijo, Yolanda Rodríguez, ya que entienden que habiendo fallecido ésta en el
acto y su hijo varios días después, por el juego de los artículos 659 y 661 del
C.C. tenía su hijo la condición de heredero de la fallecida y ya había entrado
en su patrimonio, desde el momento del fallecimiento de aquélla, el derecho a
la indemnización correspondiente.
Se comparten
íntegramente los razonamientos de la recurrida sobre este punto que se
contienen en el fundamento cuarto de la misma, que no hace sino reproducir la
doctrina del T.S. y de esta misma Audiencia sobre el particular. Es oportuno
recordar que en el caso del fallecimiento de la víctima como consecuencia de un
hecho con relevancia penal, la muerte por sí misma no es el fundamento de la
obligación de indemnizar, sino que lo es el desamparo en que quedan los que
económicamente dependen del fallecido, o, en su caso el daño moral o de
afección que ocasiona a los deudos más próximos la desaparición de un ser
querido habiéndose pronunciado en reiteradas ocasiones el T.S. (Sentencias 15 y
19 Abr. 1991, 14 Nov. 1992 y 30 Jun. 1993) en el sentido de que la
indemnización por causa de fallecimiento no se concede a los «herederos» en
cuanto a tales, sino a los «perjudicados» que resulten serlo por sufrir directamente
perjuicios materiales o morales, es decir, como se ha dicho en reiteradas
sentencias de las Audiencias Provinciales quedan excluidos del concepto de
perjudicados los que no acrediten serlo de una forma material o moral,
entendiéndose por perjudicado, quien directamente sufre el daño o a quien se
ocasiona el quebranto por el hecho penal y que en consecuencia se reconoce la
indemnización en reparación de los perjuicios de que él se derivan.
La proyección de la
doctrina expuesta al caso debatido lleva a confirmar lo decidido en la
recurrida, pues es innegable la condición de perjudicados a los efectos antes
relatados (y en este caso también la de herederos) de los padres de la
fallecida Yolanda, sin que se pueda
sostener la tesis que mantienen los recurrentes, pues no se debe olvidar que la
determinación jurídica de perjudicado, al que como tal se le reconoce el
derecho a reclamar del culpable a propósito de la responsabilidad civil «ex
delicto» (y lo mismo ocurriría en el caso de responsabilidad civil derivada del
art. 1902 del C.C.) se hace precisamente una vez se admite así por el órgano
jurisdiccional, sin que sea asumible la teoría mantenida en el recurso, basada
en el fallecimiento días después del evento de Ángel Rodríguez, y construir
sobre ella su reclamación de la indemnización por fallecimiento de la esposa de
éste.”.
Probablemente el resultado hubiera
sido distinto si el hecho hubiera ocurrido en Baleares pues en la sentencia que
comentamos llega a una solución que podríamos establecer como contraria a la
adoptada por el magistrado de León. Efectivamente se dice en la sentencia de 30
de noviembre de 2000 que:
“Cierto es que la esposa del peatón no se
mostró, con anterioridad a su fallecimiento, meses después al de su marido,
como perjudicada, pero también lo es que no había transcurrido el plazo para
ejercitar las acciones antes de su fallecimiento, y que la esposa ya era
perjudicada desde la muerte de su esposo, a consecuencia del accidente de
referencia, desde cuya fecha tenía derecho a ser indemnizada, y ello con
independencia de que en plazo legal la entidad aseguradora no consignare suma
alguna, y no le puede afectar que fallezca antes de celebrarse el juicio oral o
de dictarse sentencia, por cuanto ya había adquirido los derechos que señala el
baremo legal como cónyuge, así como los de las hijas que a la vez son herederas
legitimadas de ambos y, además, perjudicadas. Por tanto, procede señalar y
fijar la indemnización en favor de la esposa, posteriormente fallecida (19 Feb.
2000), de 9.884.978 Ptas., puesto que solo se equipara a la ausencia de cónyuge
la separación legal y el divorcio, y a falta de la misma en favor de sus
herederos y de los perjudicados por la muerte de su esposo; y además para cada
hija (ahora demandantes) la de 1.098.331 Ptas. con reducción del 25% por la
concurrencia de culpas; y resulta acertada la reserva de acciones civiles en
favor de las otras dos hijas no personadas en esta causa.
Debe estarse a la
resultancia del día del accidente que desembocó en el fallecimiento del
esposo-padre, y no al evento posterior que viene constituido por el casual
fallecimiento la esposa inicialmente perjudicada, y que adquirió el derecho a
ser indemnizada en base a la suma de referencia, estando activamente
legitimadas sus hijas como herederos de aquélla, y perjudicadas por ambos
fallecimientos; legitimación no impugnada hasta el acto del juicio, no obstante
actúan las hijas como denunciantes y ejercitan las acciones penales y civiles,
ratificaron la denuncia a 22 Nov. 1999 y designaron a la Letrada para la
defensa de sus intereses, se personaron en la causa y reclamaron como
perjudicadas, solicitaron y determinadas certificaciones, se les citó como
denunciantes, en el acto del juicio les formularon preguntas por tal condición,
y el Letrado manifestó que no ostentaba la representación y defensa de las
otras dos hijas. La relación de la esposa con la víctima es evidente y
mantenida, era la perjudicada directa por el fallecimiento de su esposo de
manera incontestable, pues lo contrario seria ilógico al razonable sentido, a
la naturaleza de las cosas, y al propósito y designio de la Ley, y sería
desatender el trascendente derecho a ser indemnizado desde la fecha de
producción del evento dañoso, sin necesidad de esperar la reclamación del cónyuge
perjudicado o de sus herederos mediante la acción directa contra el asegurador.
La esposa adquiría, por el fallecimiento
del esposo en accidente de tráfico, derechos propios, derivados del seguro
concertado sobre el ciclomotor y su circulación, y mantenía la condición de
perjudicada al fallecer el esposo al cabo de unos días de ocurrido el accidente
(art. 85 y 86, L. C.S.); y las hijas ostentan el derecho de representación para
suceder a la madre en todos los derechos que tendría si viviera o hubiere podido
heredar (art. 924 a 926 del Código Civil), consistente en la total indemnidad
en lo que pertoque legalmente, y cuyos derechos no se extinguieron con su
posterior muerte, en cuanto transmisibles, siendo que el derecho de crédito o
las expectativas de derecho forman parte integrante del caudal hereditario
relicto (art. 659 y 1006 del mismo Texto Legal).”
Como hemos visto las dos sentencias
entran en verdadera contradicción, probablemente por no haber entendido el
redactor de la primera la realidad del problema que se le planteaba, pues hace
bandera de que la condición de perjudicado no tiene nada que ver con el hecho
de ser heredero, olvidando que lo que se planteaba en aquel caso por el
frustrado reclamante era otra cosa que el redactor de la sentencia no entendió,
pues lo que se estaba proclamando primero era el derecho que tenía el hijo de
la víctima que sobrevivió al momento del accidente a ser indemnizado por el
fallecimiento instantáneo de su madre y, si tal derecho existía, si era
transmisible a sus herederos (o sea a sus abuelos) por el hecho de su muerte
varios días después, aunque fuere a consecuencia del mismo accidente.
Esta sentencia parece ignorar que
solo la muerte determina la extinción de la personalidad y con ello la
extinción de la capacidad para adquirir derechos y obligaciones. Por
ello el hijo de la víctima, aún cuando estuviera muy malherido, hasta que no se
produjo su muerte efectiva no perdió su capacidad para ser tributario de un
derecho como lo es el de ser indemnizado por la muerte de su padre, si es que
se considera que tal derecho forma parte del patrimonio y es transmisible por
herencia, pues ni la proximidad cronológica del desenlace ni el hecho de que
éste se produzca a causa del mismo accidente hace retrotraer la pérdida de la
personalidad civil a un momento anterior al de la muerte efectiva como bien se
deduce del contenido del artículo 33 del Código Civil cuando establece que “Si se duda, entre dos o más personas
llamadas a sucederse, quién de ellas ha muerto primero, el que sostenga la
muerte anterior de una o de otra, debe probarla; a falta de prueba, se presumen
muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a
otro.”.
Lo cierto es que en el segundo caso
si que se reconoce tal derecho, que se niega en el primero, quizás por tratarse
de muertes distanciadas cronológicamente pero producida una a consecuencia del
mismo accidente que motivó el problema y la segunda no. ¿O acaso tal diferencia
de criterio hay que atribuirla a que en un caso la muerte del que podía o no
transmitir el derecho a la indemnización se produjo al cabo de pocos días y en
el otro caso la muerte del perjudicado por el fallecimiento de otro fue mas
tardía? Ni en uno ni en otro caso se nos da la respuesta por lo que habrá que
seguir navegando para intentar encontrar una solución razonable al problema,
por cuanto la solución legal parece que no existe y la jurisprudencial tampoco.
Siguiendo nuestro camino para
encontrar alguna luz que nos iluminara hemos podido encontrar otra sentencia de
3 de Diciembre de 2001,
también esta vez de Castellón, pero de la Sección 2ª. de su Audiencia
Provincial, y en ella también se tercia en el problema objeto de debate sobre
si los herederos pueden o no reclamar las indemnizaciones que por daños
personales hubieren generado sus causantes de haber vivido.
Se dice en ella lo siguiente:
“Un último problema se representa por la
impugnación que se hace por los demandados a la legitimación de los actores
para reclamar los daños pretendidos.
Solucionado el acto
del juicio el inicial defecto advertido en el suplico del escrito inicial de
demanda, se aduce por los aquí apelados que el Sr. F. renunció a todas sus
acciones cuando fue indemnizado en el proceso penal previo. Es cierto tal
aseveración, pero se trataba de una renuncia como propio perjudicado por las
lesiones por él mismo sufridas, no a las acciones que en aquel momento ni
siquiera existían, en cuanto que su esposa aún vivía. Aquí se demanda como
heredero de la finada en reclamación de daños sufridos por ésta y que se
pretenden incorporados al caudal hereditario de la misma.
Se niega igualmente
legitimación a los actores para reclamar los daños impetrados, esto es la suma
de 1.017.096 Ptas. por la incapacidad temporal sufrida (9 días de estancia
hospitalaria y otros 141) y otras 976.088 Ptas. por secuelas.
La particularidad del
caso es que la señora B. falleció por causas naturales cuando aún estaba
convaleciente de las lesiones originadas por el accidente de autos, en cuanto
no había obtenido el alta médica. Existen unos informes que hacen previsiones
al respecto pero lo cierto es que todavía no se había determinado que sus
lesiones se hubieran curado o estabilizado definitivamente y que, en su caso
quedasen secuelas. Si esto es así, en
tanto compartimos que los derechos que diariamente, por consecuencia de la
incapacidad temporal que sufría, incorporaba a su patrimonio el derecho a
percibir la cantidad correspondiente con arreglo al Baremo vinculante vigente
al momento de producirse dicha situación, que es el que pudo transmitir a sus
herederos vía 659 CC, pues aunque deuda de valor no pueden éstos incrementar lo
adquirido y transmitido por su causante, consideramos improcedente, por el
contrario, la partida relativa a unas secuelas que no existieron legalmente, en
cuanto no estaban declaradas.”.
Como se ve en esta ocasión si se
estimó que los herederos de la Sra. lesionada podían reclamar el importe de la
indemnización diaria que el Baremo vinculante otorga por los días de incapacidad
temporal previos a su muerte, por entender que esta indemnización ya estaba
incorporada a su patrimonio y era transmisible por herencia, sin embargo niega
tal legitimación a los herederos para reclamar la indemnización por unas
previsibles secuelas, al parecer, porque no
estaban declaradas. Lo que deja en el aire la incógnita de que hubiera
ocurrido si las secuelas hubieren estado ya declaradas. ¿Es que acaso entonces
el magistrado ponente de la sentencia hubiera entendido reclamables por los
herederos la indemnización que el baremo vinculante otorga a las secuelas?
¿No se trata de un derecho
personalísimo que afecta solo a la esfera íntima del sujeto que las padece la
reclamación de la indemnización por unas lesiones permanentes?
Pues para añadir un poco más de
salsa a la cuestión esta vez citaremos una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, la dictada el día 15 de febrero de 2000 por su Sala de
lo Social, resolviendo el recurso de Suplicación interpuesto contra la sentencia
dictada por un Juzgado de lo Social en la que se desestimó una demanda de
reclamación de indemnización por los daños y perjuicios derivados de lesiones y
secuelas sufridas por un trabajador en accidente de trabajo, el cual falleció
por causas ajenas al accidente sufrido. El Juzgado había desestimado la demanda
por entender que la Comunidad hereditaria actora no tenía legitimación para
ejercitar lo que la Juzgadora de Instancia entendía como una acción
personalísima e intransmisible.
En la sentencia que resuelve el
Recurso no se comparte el restrictivo criterio del Juzgado de lo Social y anula
la sentencia por los siguientes argumentos:
“Frente a la anterior sentencia se ha
interpuesto recurso de suplicación por la parte actora el que se desarrolla en
un único motivo en el que se denuncia por la vía del apartado c) del art. 191
L.P.L. la infracción del art. 661 del Código Civil. En definitiva viene a
sostener el recurrente que se transmiten los derechos y obligaciones del
causante a sus herederos, y siendo lo cierto que falleció el trabajador, estaba
latente su derecho de reclamación, incluso se aluden a las diligencias penales
tramitadas.
En el desarrollo de la
relación laboral confluyen pluralidad de circunstancias y situaciones que
implican distintos ámbitos de cobertura normativa. Desde la simple prestación
de servicios a cambio de salario hasta la cobertura de ámbitos de seguridad
social que pretenden la protección del trabajador frente a los riesgos y
eventos a los que difícilmente puede atender con medios individuales. Junto a
estos campos se solapan otros Administrativos y Civiles en los que las normas
generales configuradoras del sistema jurídico se explayan de manera directa por
razón de la interrelación de ramas, y una de ellas es la responsabilidad nacida
por razón de los daños causados, que se incluyen dentro del campo del derecho
laboral y del contrato nacido, pero con principios y normas específicas de las
que son comunes. Desde esta perspectiva los presuntos perjuicios que se causan
por la negligencia empresarial dentro de la relación laboral inciden en los
aspectos particulares del trabajador, y pueden repercutir en la esfera de
quienes pueden ser también perjudicados por esas consecuencias. No reclaman los demandantes por este último
apartado sino por aquél, incidiendo su reclamación en el contorno específico
del trabajador fallecido, respecto a los días de lesión y las secuelas que
derivaron de ello. Corresponde, en definitiva, analizar si esos «perjuicios»
son, tras la defunción del operario, susceptibles de ser continuados por la
comunidad hereditaria que acciona.
Pues bien, si los mismos han accedido aunque sea en expectativa, al
patrimonio del causante quienes lo suceden son los titulares de su herencia, y
ésta, a tenor del art. 659 del C.C., se compone por todos los bienes, derechos
y obligaciones de una persona, que no se extingan por su muerte. Si el
trabajador en vida hubiese obtenido la indemnización lo hubiese sido por los
días de baja acontecidos, y por las secuelas sufridas, valoradas en razón a
diversos parámetros, entre ellos las disfunciones que se crean para su vivencia
cotidiana. Los perjuicios causados son los que hemos de cifrar, en razón a los
ya acontecidos y constatados (concretamente días de baja), y las secuelas consolidadas
en el tiempo en que el trabajador las padeció, por ese lapso temporal y no
otro. Son estos los módulos de posible reparación, y los mismos accedieron al
patrimonio del trabajador, o cuando menos eran susceptibles de su reclamación,
y son transmisibles a sus herederos, pues el perjuicio fue causado y
consolidado, siempre que se acredite, quedando legitimados para su reclamación
quienes suceden al causante, lo que significa que la sentencia ha
infringido el precepto que se denuncia, por lo que era legitimo entrar a
analizar el fondo de la litis, con rechazo de la excepción esgrimida.
No ha existido
pronunciamiento sobre el fondo en la instancia, de manera que esta Sala no
puede entrar a valorar la cuestión suscitada en el proceso, y debe acudir al recurso
extraordinario de anular la sentencia, y si bien hubiese sido más idóneo el
plantear el motivo a) del art. 191 L.P.L., se deduce claramente del recurso, y
la propia normativa que vincula a esta Sala, que la deducción lógica es anular
la sentencia para que el Órgano Jurisdiccional de instancia dicte otra en la
que se rechace la excepción estimada.”
La solución que ofrece la sentencia,
probablemente mas imaginativa que las anteriores ya acota un poco la cuestión
pues se puede observar que proclamando el derecho de reclamar las
indemnizaciones de los perjuicios ya efectivamente sufridos, en cuanto a la
reclamación de las indemnizaciones correspondientes a las lesiones permanentes
o secuelas el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco proclama su transmisibilidad
a los herederos, pero limitando su alcance a “..las secuelas consolidadas en el tiempo en que el trabajador las
padeció, por ese lapso temporal y no otro”.
El Tribunal sin decirlo lo que está
pensando es en la transmisibilidad del derecho a reclamar la indemnización por
lesiones permanentes limitando la reclamación al tiempo en que el sujeto que
las padeció estuvo en vida. Tal interpretación, quizás acorde con el fundamento
de la indemnización por lesiones permanentes, no deja de tener ciertas
dificultades prácticas, pues estableciendo el Baremo Vinculante la
indemnización por lesiones permanentes en función de los puntos de la Tabla VI
aplicados a la Tabla III, teniendo en cuenta la edad del lesionado, para
determinar si los herederos tienen algún derecho a reclamar, en sustitución del
lesionado fallecido, la indemnización por las lesiones permanentes sufridas en
accidente, imaginamos que, establecidas las lesiones permanentes y la
hipotética indemnización por ellas, habrá que efectuar una reducción
proporcional de su importe en función del tiempo exacto en que el lesionado
sufrió las secuelas generadoras del derecho a su indemnización, tomando como
parámetro para efectuar la proporción la expectativa de vida del sujeto
lesionado.
Continuando nuestro estudio vamos a
citar dos sentencias más. La primera, dictada por la Sección 13ª. de la
Audiencia Provincial de Barcelona el día 20 de noviembre de 1.996 que
ponía fin a un Juicio Verbal instado por el hijo de un lesionado fallecido,
después de haber sufrido un accidente de trafico, por causas ajenas al mismo,
cuando aún no había obtenido la sanidad. Opuesta por los demandados la falta de
legitimación del hijo para reclamar la indemnización correspondiente a su padre
ya fallecido por lesiones y secuelas, excepción que fue estimada por el Juzgado
de 1ª Instancia, la Audiencia Provincial, para resolver el recurso, estimándolo
en parte, razonó como sigue:
“1. Planteada así nuevamente la cuestión
controvertida en esta alzada, es de reseñar ante todo, a los efectos de
clarificar la problemática surgida en el presente litigio, que la legitimación
para reclamar las consecuencias dimanantes de un accidente de circulación, es
doble, en función del resultado producido, pues ciertamente si como consecuencia
de aquél la víctima fallece, únicamente estará legitimado para instar la acción
el perjudicado, más si solo sufre
lesiones y secuelas, y con posterioridad ocurre su óbito por causas ajenas al
evento dañoso, como el lesionado ya tenía un derecho de crédito incorporado a
su patrimonio, este derecho efectivamente se transmite "mortis causa"
a sus herederos, y por tanto, acreditado en autos que el actor es el único
heredero de su padre fallecido, es evidente, aceptando su tesis vertida en el
escrito motivado del recurso de apelación, de que ostenta legitimación para
reclamar la indemnización a que tenía derecho su causante.
2. Cuestión distinta
es la relativa a la determinación de los daños indemnizables, pues
efectivamente no lo son, como indican los demandados, y afirma la Juzgadora de
Instancia, los eventos futuros e inciertos. Sólo se puede reclamar por los
daños reales y efectivos, esto es, por los daños probados en su existencia y en
su cuantía, y por tanto el actor no puede peticionar suma alguna por secuelas,
pues partiendo del propio concepto de lo que se entiende por secuela, al haber fallecido el padre del actor antes
de que las lesiones padecidas llegaran a su fase de consolidación, ningún
sufrimiento ha tenido por ello, y nada puede concederse por tal concepto,
ni siquiera por el de lesiones posteriores al fallecimiento, por el mero hecho
de que en realidad no se ha producido, tras el óbito, daño alguno por tales
conceptos, de suerte que no puede saberse siquiera cuál hubiera sido la
evolución de las mismas y de ahí que la pretensión deducida en la demanda,
sobre la base estimativa de los días en que hubiera tardado en curar de sus
lesiones si no hubiera fallecido y las secuelas que le hubiera quedado
atendiendo a la avanzada edad de la víctima, en absoluto puede prosperar, pues
no deja de ser una mera hipótesis, una aleatoriedad, sin base científica
alguna, por cuanto, una vez fallecido el lesionado, ya no podrá conocerse nunca
la realidad del resultado final del accidente por él sufrido. Por ello, tras
este preámbulo, debe concluirse que, al ser únicamente conocidos los días que
permaneció de baja, esto es, desde la fecha del siniestro hasta el mismo día de
su muerte, solo serán éstos, en su caso, los susceptibles de indemnización.”
Lo importante de esta sentencia, mas
que lo que dice, en parte coincidiendo con otras ya reseñadas, es lo que no
dice, por cuanto que los argumentos que emplea el redactor de la sentencia para
negar el derecho a la indemnización al heredero del perjudicado van por el camino
de considerar inciertas las secuelas y por estimar que el lesionado no sufrió
por unas aun no determinadas lesiones permanentes, por lo que habrá que pensar
que si el perjudicado hubiera tenido el alta médica y las secuelas determinadas
SI que transmitiría entonces el derecho a su indemnización.
Y dejamos para el final la más
elaborada de las sentencias que hemos podido encontrar respecto al tema que hoy
nos ocupa. Es la dictada por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de
Asturias de 9 de abril de 2002 en
la que el propio ponente advierte que por los recurrentes “se introduce en el debate una
rancia polémica no resuelta definitivamente por la doctrina cual es que deben
entenderse por derechos personalísimos y si el derecho al resarcimiento del daño
sufrido en el propio cuerpo lo es” y en la sentencia se razona que “Como se sabe, el art. 659 del CC, relativo
al contenido de la herencia (entendida en sentido objetivo, como masa
hereditaria art. 1.035 del CC) se limita a una formulación general declarando
que la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una
persona que no se extingan con su muerte dejando para cada caso la decisión
sobre su integración o no y así y en principio, pueden y deben comprenderse los
derechos patrimoniales (pero no todos, pues algunos se extinguen con la muerte
del titular como ocurre con el usufructo vitalicio art. 531 CC o el
derecho de uso y habitación art. 525 CC), pero también derechos de carácter
extrapatrimonial, derechos de la personalidad o inherentes a la persona, en los
que también, puede sucederse por decisión de la Norma (como el derecho moral de
autor arts. 15 y 16 LPL, o el ejercicio de acciones para impugnación de
la paternidad o filiación arts 132, 133, 136 6 137 CC., ). Esto así, si bien puede afirmarse que el
derecho a la integridad física es un derecho inherente a la personalidad la
cuestión que aquí se debate no es esa sino la de si el derecho al resarcimiento
derivado del daño causado por la conducta negligente de otro y de la contravención
del principio del deber de no dañar es derecho de contenido patrimonial o no
cuando de daños personales se trata.”.
La sentencia finalmente desestima el
recurso que había considerado transmisible el derecho a la indemnización por
daños personales, por considerar que el derecho al resarcimiento se trata de un
derecho de contenido patrimonial y, por ello, transmisible a los herederos,
justificando la doctrina mediante la invocación del articulo 105 del
Código Penal de 1.973, del artículo 76 de
la Ley de Contrato de Seguro y del artículo 6 de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro, del que mas adelante hablaremos.
A la vista de lo expuesto hasta
ahora lo único que está claro es que nadie se pronuncia de forma taxativa sobre
si el derecho al resarcimiento es íntegramente transmisible a los herederos,
pues a través del recorrido que hemos hecho de la Jurisprudencia que al
respecto se ha pronunciado en mayor o menor medida, hemos podido ver que unos
entienden solo transmisible el derecho a la indemnización por el daño
efectivamente causado y declarado, mientras que otros niegan transmisibilidad
alguna a la indemnización por daño moral que otros aceptan y, como hemos visto
al final, hay quien acepta incluso que al indemnización por daño moral es de
contenido patrimonial, en cuanto se indemniza en dinero, y por ello
perfectamente transmisible por vía hereditaria.
LA
RESPUESTA LEGAL.- Una vez comprobado que la respuesta Jurisprudencial a
nuestro problema sirve de bien poco, pues no existe un claro criterio que pueda
justificar una postura u otra, habría que iniciar el camino a través de la Ley
para intentar encontrar alguna norma, artículo o disposición que pusiera luz en
la oscuridad en la que hasta ahora nos hemos movido.
En este empeño nos encontramos con
que el Código Civil en su artículo 657 nos dice que “Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el
momento de su muerte” y que el artículo 659 determina que “La herencia comprende todos los bienes,
derechos y obligaciones de una persona, que no se extingan por su muerte.”
Añadiendo, por último, el artículo 661 que “Los
herederos suceden al difunto por el hecho sólo de su muerte en todos sus
derechos y obligaciones” y a la vista de tales artículos con el fin de
determinar si el derecho a las indemnizaciones debidas a una persona por los
daños personales se transmite o no a sus herederos y, si la respuesta es
positiva, si tal transmisión es por la totalidad de la indemnización que
hubiere podido llegar a percibir el lesionado de haber vivido o solo por una
parte habría de determinarse si tal derecho es o no de los que se extinguen con
la muerte.
¿Y cuales son los derechos que se
extinguen con la muerte? Pues el Código Civil nada dice sobre cuales son tales
derechos tan personalísimos que la muerte de su titular los extingue, como bien
establece la sentencia de la Sala 1ª. del Tribunal Supremo de Justicia de 11 de
Octubre de 1.943 en la que se dice en nuestra legislación “se
nota la falta de un concepto genérico que sirva de guía en la diferenciación de
derechos transmisibles e intransmisibles "mortis causa"”, y por
tanto para imaginar cuales puedan ser tales derechos uno ha de acudir al
sentido común o bien al texto de alguna sentencia en la que se proclame la
intransmisibilidad de tal o cual derecho, que por su carácter tan personalísimo
solo pueda ejercitarlo su primitivo titular.
Esta claro que hay algunos derechos
que lógicamente se extinguen con la muerte, como los derivados de un contrato
de trabajo, algunos derivados de un contrato de arrendamiento y otros que el
sentido común mas que el derecho o la Ley nos indican su cualidad de
personalísimos e intransmisibles.
Dentro de este contexto uno podría
pensar que un derecho personalísimo y que por su naturaleza, tan ligado a la
personalidad del individuo, podría ser el derecho al honor y por tanto uno
podría pensar que una indemnización derivada de una lesión producida en el
honor de una persona, por afectar tan íntimamente al lesionado, sería uno de
los derechos personalísimos que el sentido común nos diría que forma parte de
los derechos que se extinguen con la muerte, a los efectos de su
intransmisibilidad a los herederos de quien vio mancillado su honor.
Pues bien, tampoco en este caso el
sentido común nos aclara las cosas si nos atenemos a la Ley Orgánica sobre
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a
la propia imagen.
Efectivamente en el preámbulo o
exposición de motivos de la citada Ley Orgánica se dice que “En los artículos 4 al 6 de la ley se
contempla el supuesto de fallecimiento del titular del derecho lesionado. Las
consecuencias del mismo en orden a la protección de estos derechos se
determinan según el momento en que la lesión se produjo. Aunque la muerte del
sujeto de derecho extingue los derechos de la personalidad, la memoria de aquél
constituye una prolongación de esta última que debe también ser tutelada por el
Derecho, por ello, se atribuye la protección en el caso de que la lesión se
hubiera producido después del fallecimiento de una persona a quien ésta hubiera
designado en su testamento; en defecto de ella a los parientes supervivientes,
y, en último término, al Ministerio Fiscal con una limitación temporal que se
ha estimado prudente. En el caso de que
la lesión tenga lugar antes del fallecimiento sin que el titular del derecho
lesionado ejerciera las acciones reconocidas en la ley, sólo subsistirán éstas
si no hubieran podido ser ejercitadas por aquél o por su representante legal,
pues si se pudo ejercitarlas y no se hizo existe una fundada presunción de que
los actos que objetivamente pudieran constituir lesiones no merecieron esa
consideración a los ojos del perjudicado o su representante legal. En cambio, la acción ya entablada si será
transmisible porque en este caso existe una expectativa de derecho a la
indemnización.”
A la vista de ello nos quedaremos
con la última frase en la que se declara transmisible el derecho a ejercitar
las acciones una vez entablada la acción por el primitivo titular del derecho,
porque se argumenta que en este caso EXISTE
UNA EXPECTATIVA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN.
Claro que si este fuera un argumento
jurídico correcto, nos preguntaremos ¿es que acaso en el supuesto de una
persona como el accidentado en un accidente de circulación que ha sufrido una lesión, no ya en su honor,
si no en su integridad física no tiene una expectativa de derecho a la
indemnización si ha iniciado ya una acción para obtener su resarcimiento?
Lo cierto es que en la Ley Orgánica
comentada distingue entre dos supuestos en los que, al fallecimiento de la
persona lesionada en su honor, se puede continuar la acción por personas
distintas del lesionado. El primer supuesto es el de la persona que fallece sin
haber ejercitado la correspondiente acción en cuyo caso la legitimación para
ejercitarla corresponde NO A SUS HEREDEROS si no a las personas que el titular
del honor mancillado hubiere designado en testamento o en su defecto a las
personas de su entorno familiar, sean o no herederos.
El segundo supuesto, que es el que
nos interesa, es aquel en el que el lesionado en su honor ya fallecido hubiere
iniciado ya una acción de protección de su derecho al honor, en cuyo caso se
declara en la Ley que las mismas personas del primer supuesto podrán continuar
la acción ya entablada por el titular del derecho al honor ya fallecido.
Finalmente para rizar el rizo
resulta que el artículo 9.4 de la Ley Orgánica sobre protección del derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen dispone que “El
importe de la indemnización por el daño moral, en el caso del artículo 4.º, corresponderá a las personas a que se
refiere su apartado 2 y, en su defecto, a sus causahabientes, en la proporción
en que la sentencia estime que han sido afectados. En los casos del artículo 6.º, la indemnización se entenderá
comprendida en la herencia del perjudicado”
Imaginamos pues que en el caso de
acción no entablada por su titular por imposibilidad de hacerlo, la
indemnización por daño moral corresponderá a los legitimados para entablarla y,
en su defecto, a sus causahabientes, en
la proporción en que la sentencia estime que han sido afectados, por lo que
en realidad tal indemnización la adquieren por derecho propio y no por derecho
hereditario. Esta afirmación parece entrar en contradicción con el tenor
literal del último inciso del artículo 9.4
En cambio, en el segundo supuesto
del artículo cuando dice que “En los casos del artículo 6.º, la
indemnización se entenderá comprendida en la herencia del perjudicado”,
porque los casos del artículo 6 son dos, el de acción no entablada por el
titular del derecho al honor por imposibilidad de hacerlo y el de acción
entablada por el titular del derecho fallecido después de entablarla y en ambos
casos se dice que la indemnización se entenderá comprendida en la herencia del
perjudicado, mientras que parece decirse también que tal indemnización por daño
moral solo será en la proporción en que la sentencia estima que los
causahabientes han sido afectados. Lo único que lo aclara es la exposición de
motivos en la que, como antes decíamos, se dice que “En cambio, la acción ya
entablada SI SERA TRANSMISIBLE porque en
este caso existe una expectativa de derecho”.
Ante este panorama el Tribunal
Constitucional podría haber sido más explícito en la Sentencia dictada por su
Sala Segunda el día 2 de Diciembre de 1.988 que resolvió, estimándolo en parte,
un recurso de amparo interpuesto por una conocida tonadillera contra una
Sentencia del Tribunal Supremo que desestimó su pretensión indemnizatoria
cifrada en 40.000.000’—Ptas. dirigida contra una sociedad que había
comercializado y distribuido una grabación en video de la cogida y momentos
posteriores a ella del que en vida fue su esposo y conocido matador de toros,
pues en tal sentencia, después de afirmar que para resolver el recurso de
amparo debe hacerse una reflexión previa sobre cuales son los derechos que se
aducen como vulnerados y quien es el titular de tales derechos se afirma que:
“En lo que atañe a los derechos que se
invocan de don Francisco Rivera, muerto a consecuencia de las heridas causadas
por un toro en la plaza de Pozoblanco, deben tenerse en cuenta las
consideraciones que siguen Los derechos a la imagen y a la intimidad personal y
familiar reconocidos en el art. 18 de la C.E. aparecen como derechos
fundamentales estrictamente vinculados a la propia personalidad, derivados sin
duda de la «dignidad de la persona», que reconoce el art. 10 de la C.E., y que
implican la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y
conocimiento de los demás, necesario - según las pautas de nuestra cultura--
para mantener una calidad mínima de la vida humana. Se muestran así esos derechos como personalísimos y ligados a la misma
existencia del individuo. Ciertamente, el ordenamiento jurídico español
reconoce en algunas ocasiones, diversas dimensiones o manifestaciones de estos
derechos que, desvinculándose ya de la persona del afectado, pueden ejercerse
por terceras personas. Así, el art. 9.2 de la L.O. 1/1982, de 5 May., enumera las
medidas integrantes de la tutela judicial de los derechos al honor, a la
intimidad y a la imagen, entre las que incluye la eventual condena a indemnizar
los perjuicios causados; y el art. 4 de la misma Ley prevé la posibilidad de
que el ejercicio de las correspondientes acciones de protección civil de los
mencionados derechos corresponda a los designados en testamento por el
afectado, o a los familiares de éste. Ahora
bien, una vez fallecido el titular de esos derechos, y extinguida su
personalidad --según determina el art. 32 del Código Civil: «La personalidad
civil se extingue por la muerte de las personas»- lógicamente desaparece
también el mismo objeto de la protección constitucional, que está encaminada a
garantizar, como dijimos, un ámbito vital reservado, que con la muerte deviene
inexistente. Por consiguiente, si se mantienen acciones de protección civil
(encaminadas, como en el presente caso, a la obtención de una indemnización) en
favor de terceros, distintos del titular de esos derechos de carácter
personalísimo, ello ocurre fuera del área de protección de los derechos
fundamentales que se encomienda al Tribunal Constitucional mediante el recurso
de amparo.”.
A la vista de ello resulta que el
Tribunal Constitucional no se atrevió a pronunciarse sobre si la indemnización
derivada de una infracción del derecho al honor reclamada por un tercero
distinto del afectado es posible o no, tratándose como se trata el honor de un
derecho tan personalísimo como la sentencia resalta. Pero quién si lo hizo fue
la Sala 1ª. de lo Civil del Tribunal Supremo en la sentencia que tuvo que
dictar al haber estimado parcialmente el recurso de amparo en cuya sentencia de
fecha 25 de Abril de 1.989
otorgó a la tonadillera la indemnización de 250.000’—Ptas. frente a los 40.000.000’—Ptas.
reclamados, entre otras razones, por la de estimar que de la intromisión en un
derecho personal y propio no puede aflorar indemnización inscrita en la
herencia de otra persona.
Para terminar, antes de intentar
llegar a alguna conclusión, es interesante citar una sentencia del Tribunal
Supremo Federal Alemán de 1 de Diciembre de 1.999 y los comentarios, extraídos
de un magnífico trabajo de PALAZÓN GARRIDO en
relación con aquella en la que se debatía sobre el derecho o no de los
herederos de la actriz “Marlene Dietrich”
de ejercitar acciones derivadas del uso indebido por parte de un tercero de la
imagen de la conocida actriz ya fallecida.
Recuerda la autora en el citado
trabajo que la ley protege el derecho general de la personalidad y, en
concreto, el derecho a la propia imagen y al nombre, resaltando que la ley no
solo ampara los intereses ideales e inmateriales que componen tal derecho sino
también el contenido patrimonial del mismo. Partiendo de tal concepción sobre
el contenido del derecho la sentencia que dictó el Tribunal Supremo proclamó
que hasta la fecha la jurisprudencia había reconocido que el derecho a la
propia imagen y al nombre habían de ser protegidos tras la muerte de su
titular, pero una lesión post mortem de los mismos solo daba lugar a una acción
de defensa pero no de indemnización, porque se entendía que el difunto no podía
verse lesionado en su patrimonio.
En tal sentencia se proclama que el
contenido moral del derecho a la imagen es inseparable de la persona titular de
este derecho de la personalidad y por tanto irrenunciable e inalienable e
intransmisible, su componente patrimonial es, por el contrario, transmisible inter vivos y mortis causa.
Para ayudar a aclararnos o
confundirnos aun más resulta que el artículo 6 de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor al fijar las obligaciones
del asegurador nos dice que “El asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con
cargo al seguro de suscripción obligatoria habrá de satisfacer al perjudicado
el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes, el cual, o sus
herederos, tendrá acción directa para exigirlo. Únicamente quedará exonerado de
esta obligación si prueba que el hecho no da lugar a la exigencia de
responsabilidad civil conforme al artículo 1 de la presente Ley”.
Llama la atención pues que en tal
artículo se contemple que el perjudicado o sus herederos tendrán acción directa
contra el asegurador para exigir “el
importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes” con lo la Ley
está legitimando a los herederos para ejercitar la acción que antes
correspondía a su causante. Y no nos podrán decir que la mención de los
herederos en el texto de la norma se refiere a los casos de muerte, pues, según
el propio sistema de valoración del daño, en los casos de muerte la condición
de perjudicado la tienen las personas mencionadas en la tabla I y no los
herederos de la persona fallecida.
Y como la norma no aclara nada más,
cabe la posibilidad de pensar que la ley habilita a los herederos para reclamar
el importe de las indemnizaciones debidas por los daños sufridos en su persona
por el causante de aquellos.
Lo cierto es que el Código Penal de
1.973, derogado por el actualmente vigente, establecía en su artículo 105 que “La obligación de restituir, reparar el daño
e indemnizar los perjuicios, se transmite a los herederos del responsable. La
acción para repetir la restitución, reparación e indemnización se transmite
igualmente a los herederos del perjudicado”, precepto que no ha tenido
continuidad en el vigente Código Penal.
Lo que ocurre es que ni este
artículo, ni el artículo 6 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, ni
el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro nos aclaran si la acción para
repetir la indemnización se refiere a los daños efectivamente causados ya, con
exclusión de los daños futuros que la muerte prematura del lesionado ha
obviado, o incluye también éstos, ni tampoco nos aclara si el derecho a la
indemnización es una expectativa de derecho, una vez entablada la acción por su
titular que habilita a su heredero para reclamar integramente la totalidad de
la indemnización o solo aquella parte que responda a daños efectivamente ya
producidos. Como tampoco nos aclara la Ley si el derecho a la indemnización por
daño moral es o no transmisible a los herederos o forma parte de aquellos
derechos personalisimos que se extinguen con la muerte.
Por ello si la respuesta
jurisprudencial era dificil de encontrar la respuesta legal no nos libera de
los interrogantes que han motivado el estudio del tema que hoy nos ocupa.
CONCLUSIÓN.-
Con todo lo dicho hasta ahora deberíamos llegar a alguna conclusión que nos
sirviera de respuesta al título de la ponencia, pues ante el panorama jurisprudencial
tan dispar, en realidad uno no sabe a que atenerse, pues en unos casos se
declara transmisible por herencia el daño moral, mientras que en otros se
niega. En unos casos, entablada una acción de reclamación de una indemnización
por los daños personales, se proclama la existencia de una expectativa de
derecho que se considera transmisible a los herederos, mientras que en otros
supuestos se niega tal derecho que solo se declara como transmisible a los
herederos en los casos de daño efectivamente producido.
En realidad el problema que se
plantea tendría su solución fácil si el sistema de valoración del daño corporal
hubiera separado adecuadamente la indemnización por el daño moral consecuente a
los días de incapacidad temporal o a las lesiones permanentes y el daño
patrimonial consecuencia de la propia incapacidad temporal o de las lesiones
permanentes. Pero como resulta que según el nº. 2 del artículo 1 de la Ley
sobre responsabilidad civil y seguro, la
indemnización fijada en el anexo incluye, además de los daños morales, los
daños y perjuicios causados a las personas comprensivos de la pérdida sufrida y
de la ganancia dejada de obtener, previstos, previsibles y que conocidamente se
generen del hecho generador, la determinación de qué parte de la indemnización
es daño moral y qué parte de ella es daño patrimonial asociado a la lesión es
mas que imposible.
Por ello el criterio seguido por
algunas sentencias en el sentido de que el daño moral por su carácter
personalísimo es intransmisible pero el daño patrimonial asociado al daño
moral es transmisible por herencia
difícilmente se puede llevar a la práctica, en tanto en cuanto el sistema de
valoración del daño corporal no distingue claramente el concepto por el que se
paga tal o cual indemnización. Tanto es así que en la explicación del sistema
se dice claramente al explicar la Tabla I que
ella comprende “...la cuantificación de
los daños morales, de los daños patrimoniales básicos.....” explicación que
también sirve para las Tablas III y VI, por
lo que al no distinguir ni la Tabla III ni la Tabla V qué parte de la
indemnización corresponde a daño moral y qué parte a daño patrimonial básico,
difícil resulta poder establecer la posibilidad de determinar por este camino
sobre la posible transmisibilidad del derecho en función de si la indemnización
corresponde a daño moral o a daño patrimonial asociado a la lesión sufrida.
En cuanto a la transmisibilidad por
herencia de las indemnizaciones generadas por incapacidad temporal, según
nuestra opinión, como se trata de un derecho que se genera por cada día en que
el lesionado invierte en su curación, independientemente de que se pague daño
moral o patrimonial, entendemos que la respuesta debe ser positiva y por tanto
hay que entender que el derecho a su resarcimiento se ha incorporado al
patrimonio del lesionado fallecido por cada día transcurrido desde que se
produjo la lesión hasta la fecha de su fallecimiento si no se ha producido el
alta médica por curación o hasta la fecha de ésta, si es anterior a su
fallecimiento, sin descuento alguno, incluyendo el correspondiente factor de
corrección, que en el caso de incapacidad temporal solo podrá consistir en el
factor de corrección de perjuicios económicos.
Ahora bien, en el caso de lesiones
permanentes la cuestión se complica, puesto que la indemnización por lesiones
permanentes, contiene una parte de daño moral estrictamente considerado, en
parte presente y en parte futuro, y otra de daño patrimonial futuro y viene a
compensar no solo el momento en que se produce la lesión permanente o se
declara sino también todo aquel tiempo, incierto, en que el afectado vivirá con
su lesión permanente, y por ello es mas
difícil afirmar de forma categórica que la indemnización, aun no cobrada, por
el concepto de lesión permanente haya entrado a formar parte del patrimonio de
la víctima a los efectos de su transmisibilidad por vía hereditaria, al menos
si se sigue el criterio que la jurisprudencia citada anteriormente imprime a la
cuestión.
Por ello la sentencia de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 15 de
febrero de 2000, antes citada, afirma la posibilidad de los herederos de
reclamar la indemnización por lesiones permanentes debida a su causante a
consecuencia de un accidente laboral, pero limita su alcance, como dice la
sentencia, su alcance a “..las secuelas
consolidadas en el tiempo en que el trabajador las padeció, por ese lapso
temporal y no otro”.
Si trasladamos tal doctrina a los
supuestos que planteábamos al principio podríamos considerar como formando
parte ya del patrimonio del lesionado aquélla indemnización por lesiones
permanentes proporcional al tiempo en que el lesionado las padeció y como el
sistema prevé la indemnización por lesiones permanentes a través de unas tablas
en las que la edad del lesionado es tenida en cuenta para determinar el valor
del punto, que es mayor cuanto mas joven sea el afectado, entendemos que la
única solución para determinar la parte de la indemnización transmisible por
herencia, es la de establecer una proporcionalidad de la indemnización tomando
como parámetros la que correspondería según las tablas, la expectativa de vida
del lesionado y el tiempo en que éste efectivamente padeció la secuela.
Efectivamente bien claro queda en el
Sistema de valoración del daño corporal que para la fijación de la
indemnización por aplicación de las Tablas III, IV y VI se tiene muy en cuenta
la edad del lesionado, de forma que cuanto mas joven sea éste mayor valor se
otorga a los puntos obtenidos por aplicación de la Tabla VI. Ello tiene la
lógica explicación de que cuanto más joven sea el sujeto, más y mayores
perjuicios se le suponen por la sencilla razón de que sufrirá mayor tiempo la
lesión permanente, salvo, claro está, que fallezca antes de llegar a la
expectativa de vida de un ciudadano medio.
Y cuando se produce la excepción, es
decir, cuando el afectado por la lesión permanente fallece antes de haber sido
indemnizado lo que se produce, en relación con el sistema de valoración del
daño corporal, es la certeza de aquello que el sistema presume como incierto,
como es el momento en que se producirá la muerte de la persona afectada por una
lesión permanente y que ante la incertidumbre de tal desenlace, el sistema
presume que se producirá en momento próximo a la expectativa de vida del
ciudadano medio español.
Por tal razón cuando el afectado por
la lesión fallece antes de haberse fijado o de haber percibido la
indemnización, la cruda realidad es que, en ese caso, la muerte anticipada del
lesionado hace que el tiempo que éste sufrirá la lesión permanente sea cierto y
no indeterminado y por ello la determinación de los perjuicios, reales y
ciertos, que este haya sufrido es mucho más fácil que en aquellos supuestos en
que no se puede saber, por muy joven que el lesionado sea, cuanto tiempo
sufrirá la lesión permanente.
De ahí que en tal supuesto nosotros,
como única solución que se nos antoja, es la de reconocer la transmisibilidad
del derecho a la indemnización de los perjuicios reales y ciertos que haya
producido la lesión permanente, pues imaginar que se transmita a los herederos
el derecho a la indemnización por unos perjuicios que jamás se producirán nos
llevaría a considerar el enriquecimiento injusto que a todas luces supondría
para los herederos el cobrar una indemnización por unos perjuicios que su
causante no ha tenido por su fallecimiento anticipado.
Claro está que, esto que puede
parecer tan fácil, puede llegar a complicarse en función del momento
cronológico exacto en que se produce el fallecimiento anticipado del lesionado,
pues si éste se produce cuando ya ha percibido la indemnización por unas
lesiones permanentes también se podrá a considerar como enriquecimiento injusto
para los herederos del fallecido gozar de una indemnización que iba, en gran
parte, a compensar futuros sufrimientos del lesionado que, por su muerte
prematura, jamás se producirán. ¿Cabría entonces pensar en una posible acción
del asegurador para reclamar la devolución de lo pagado en exceso?
Antes ya hemos puesto un ejemplo,
que ahora reiteramos, para dejar para el debate, que a buen seguro resultará interesante, el llegar
a conclusiones en un tema que queda tan poco claro como el que hoy es objeto de
estudio. Nos referimos al supuesto de fallecimiento de un gran inválido que ya
ha percibido su indemnización.
No en vano la indemnización que
percibe un gran inválido se compone de una indemnización básica, que es mayor
cuanto mas joven sea el afectado, pero asimismo una parte importante de la
indemnización viene a compensar perjuicios patrimoniales futuros, como lo es el
factor de corrección de Incapacidad Permanente y, sobre todo, el de Necesidad
de Asistencia de una Tercera Persona. Obviamente la muerte prematura del gran
inválido al cabo de unos días de percibir la indemnización deja sin
justificación lo pagado por unos conceptos en los que el lesionado hubiera
debido invertir el dinero percibido y en este caso claro está que la
indemnización que estaba destinada a compensar perjuicios futuros por pérdida
de capacidad de trabajo y por la necesidad de asistencia de una tercera persona
que ya no se producirán hace que los herederos perciban por herencia
probablemente más de lo que hubiera percibido el afectado de haber vivido. Por
ello nos preguntábamos antes y nos preguntamos ahora, ¿tendrá la aseguradora
alguna acción para recuperar lo pagado en exceso? ¿Estaba pensando en ello el
legislador cuando en el apartado primero de la Explicación del Sistema incluyó
el número 9 el párrafo en el que se dice que “La indemnización o renta vitalicia solo podrán ser modificadas por
alteraciones sustanciales en las circunstancias que determinaron la fijación de
las mismas.....”? ¿Es, acaso, la muerte prematura del lesionado una
alteración sustancial en las circunstancias que determinaron la fijación de la
indemnización?
Estas y otras incógnitas sin
respuesta dejan abierto el coloquio a través del que, probablemente,
obtendremos mejor resultado que el que nos ha ofrecido, hasta hoy, la doctrina
jurisprudencial, la ley y la práctica diaria.
SALAMANCA,
noviembre de 2003.
Juan Maria XIOL QUINGLES
Abogado
